Gobierno ha invertido más de $ 9.000 millones en proyectos productivos en los territorios del Acuerdo de Paz

Colombia martes 08 de julio de 2025 - 21:39

Unas 1.200 personas asentadas en los territorios acogidos por el Acuerdo de Paz se han beneficiado con proyectos productivos por 9.015 millones de pesos, financiados por el Gobierno nacional y agencias de cooperación internacional, buscando generar ingresos y oportunidades económicas a excombatientes.

El ministerio de Justicia con el apoyo del Banco de Proyectos de Naciones Unidas ha invertido en 14 iniciativas colectivas integradas por excombatientes, relacionados con la ganadería, la piscicultura y la agroindustria que están en línea con las políticas de desarrollo del Gobierno.

El anuncio lo hizo Jenny Fagua, directora encargada de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, en el acto de rendición de cuentas presentado por esta cartera.

Las inversiones se han enfocado en municipios priorizados, en el marco de una estrategia integral ligada a la Política de Nacional de Drogas 2022 – 2033, que tiene como objetivos apoyar la sostenibilidad y recuperación ambiental en los territorios, el mejoramiento económico de familias productoras y el tránsito a economías lícitas en zonas rurales.

Los proyectos cuentan, como en el caso de los departamentos de Chocó, Meta y Nariño, con la participación de mujeres. De hecho, ellas figuran como beneficiarias en el 44 % del total de los beneficiados.

Al frente de las iniciativas está la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas (DPDAR) del ministerio de Justicia, con apoyo técnico y cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC).

El informe destaca al cultivo de cacao como una línea clave, especialmente en Tumaco (Nariño), Vistahermosa, La Macarena y La Uribe (Meta). Además, se apoyan proyectos de plátano, caña panelera y limón Tahití.

Con estas acciones el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la transformación territorial y la consolidación de economías lícitas en comunidades históricamente afectadas por el narcotráfico, promoviendo un modelo de desarrollo basado en legalidad y bienestar social.