Informe de la ONU revela detenciones y violaciones de derechos humanos en Venezuela tras elecciones de julio

Un informe de la ONU ha revelado que en Venezuela se han registrado 158 detenciones de menores y más de 1,500 arrestos arbitrarios desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, destacando una ola de represión sin precedentes en el país. Este documento de 158 páginas abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024 y acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales de perpetrar asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual antes, durante y después de unas elecciones caracterizadas por la persecución de opositores y la represión de las manifestaciones.

El informe señala que las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos, que incluyeron detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas. Las instituciones responsables mencionadas son el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Además, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial también son criticados.

La jurista portuguesa Marta Valiñas, quien contribuyó al informe, señaló que al menos 48 personas fueron detenidas en relación con supuestas conspiraciones del Gobierno en los diez meses previos a las elecciones. En el contexto electoral, se documenta que “ciudadanos comunes” sufrieron abusos por simplemente expresar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados electorales.

Entre las graves violaciones de derechos humanos, se reporta que 158 menores fueron detenidos tras las elecciones, acusados de delitos graves como terrorismo, en muchos casos sin que se informara a sus familiares o abogados, permaneciendo incomunicados durante días. Rosa Orozco, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, afirmó: “A las niñas las han tocado, las han manoseado y les han propuesto que si ellas podían tener algún tipo de relaciones sexuales con los hombres, con esos funcionarios, las iban a dejar libres”.

El informe también documenta al menos 25 muertes, incluyendo la de dos menores, en los primeros días de las protestas. Se resalta que al menos ocho de estos incidentes mortales ocurrieron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad o grupos civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.

Adicionalmente, la misión de la ONU denunció numerosos casos de tortura y violencia sexual, no solo contra detenidos, sino también contra mujeres y niñas que acudieron a los centros de detención a visitar a sus familiares. Las torturas incluyeron “puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño”.

El informe finaliza destacando casos alarmantes, como el de dos niños que sufrieron fracturas en los dientes y lesiones en los brazos tras ser agredidos por agentes del Estado, y un tercero que fue amenazado para que confesara en una grabación que había recibido dinero para participar en una protesta. “Las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la misión”, concluye el documento.