Petro rompe el silencio tras asesinato de menor en Cauca por disidencias de las Farc

Casi tres días después del atroz asesinato de un menor de 15 años en la vereda La Hacienda, El Plateado, Cauca, a manos de las disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto. El menor fue asesinado tras negarse a ser reclutado por el grupo armado, un hecho que ha desatado indignación y críticas por el aparente silencio del Gobierno en días previos.

El Ejército confirmó que el crimen ocurrió el 24 de diciembre en una zona que ha sido foco de conflicto armado y que, en octubre pasado, fue escenario de una ofensiva militar liderada por el Gobierno para recuperar el control territorial de las disidencias. A pesar de estos esfuerzos, el asesinato del menor resalta la persistente vulnerabilidad de los habitantes de la región.

En la mañana de este viernes, el mandatario aseguró que “el asesinato, reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo que se realice”. Asimismo, enfatizó que pedirá "procesamiento penal internacional" para los cabecillas de los grupos armados responsables, haciendo uso del Estatuto de Roma que habilita a Colombia para solicitar este tipo de acciones legales en casos graves.

Petro también comparó la situación con casos que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional, como los bombardeos que afectaron a menores de edad en otros contextos, subrayando que se deben juzgar con el mismo rigor a los responsables de estos crímenes en Colombia.

El anuncio del presidente llega tras días de críticas hacia el Gobierno por su falta de pronunciamiento inmediato sobre el caso. Incluso, sectores políticos y sociales señalaron que Petro había priorizado debates en redes sociales sobre temas como el salario mínimo y el conflicto en Israel antes de abordar este grave hecho que afecta directamente al país.

El asesinato ha generado rechazo en todo el territorio nacional y ha reabierto el debate sobre las estrategias del Gobierno para garantizar la protección de los menores en zonas de conflicto. La falta de pronunciamientos previos por parte de altos funcionarios, incluido el ministro de Defensa, ha sido otro punto de controversia en este caso.