Pizarro exige investigación por presunto golpe contra Petro; oposición desestima denuncia como “una película”

La senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación inmediata por los recientes audios que comprometerían al excanciller Álvaro Leyva en un supuesto plan para derrocar al presidente Gustavo Petro. Pizarro calificó los hechos como una “instigación a un golpe de Estado” y aseguró que la gravedad del contenido representa una amenaza directa contra la institucionalidad y el orden constitucional colombiano.

Durante su intervención, la senadora también señaló que el caso podría involucrar actores internacionales, como congresistas estadounidenses, lo que representaría, según ella, una violación a la soberanía nacional. Por tal motivo, solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia pronunciarse oficialmente sobre los hechos y aclarar si hubo o no participación de funcionarios de ese país en los supuestos intentos de desestabilización política.

En respuesta, el representante a la Cámara Christian Garcés, del partido Centro Democrático, desestimó la denuncia de Pizarro, calificándola como “una película” creada por el Gobierno. Garcés aseguró que el presidente Petro está intentando desviar la atención con teorías de conspiración y agregó que las imágenes utilizadas para ilustrar el supuesto plan, como la del mandatario con un cigarrillo, son parte de una narrativa sin sustento legal ni político. Para el congresista, el escándalo responde más a un montaje mediático que a una amenaza real contra la democracia.

El contexto del enfrentamiento político está marcado por las revelaciones de audios divulgados por el diario El País, en los que el excanciller Leyva supuestamente habría buscado apoyo de congresistas estadounidenses para propiciar la salida anticipada de Petro del poder y favorecer una eventual presidencia de Francia Márquez. Aunque Leyva no ha negado el contenido de las grabaciones, argumentó que fueron tomadas en el marco de una “conversación íntima”.

El debate ha generado reacciones divididas entre los sectores políticos. Mientras desde el oficialismo se exige una respuesta judicial inmediata para esclarecer los hechos y proteger el mandato constitucional, desde la oposición se insiste en que las acusaciones no tienen fundamento y que lo divulgado no configura delito alguno. En medio de esta confrontación, aumenta la presión para que tanto la Fiscalía como la Embajada de Estados Unidos se pronuncien oficialmente.

La tensión política en Colombia se profundiza en medio de acusaciones cruzadas, dudas institucionales y una creciente polarización que pone a prueba la solidez de la democracia en el país.