El trámite ambiental del proyecto "Interconexión Carrieles a 230 mil voltios" generó preocupación por un posible conflicto de intereses. Un contratista del Ministerio de Ambiente participó en una Audiencia Pública Ambiental, mientras su pareja, reconocida defensora ambiental, solicitó la audiencia, lo que podría comprometer la transparencia del proceso.
La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia preventiva al respecto, instando al Ministerio a designar otro representante para la audiencia prevista y a investigar la situación. Según la normativa vigente, servidores y contratistas deben declararse impedidos si ellos o sus cónyuges tienen un interés directo en el tema.