Andrea Esperanza Valdés, una interna de 30 años recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, se encuentra en una situación crítica al estar próxima a dar a luz sin recibir la atención médica adecuada. Valdés denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) durante su reclusión en la cárcel El Pedregal de Medellín, lo que resultó en un embarazo no deseado.
A pesar de que un juez ordenó su traslado a un pabellón para mujeres gestantes, la reclusa sigue sin ser reubicada en un entorno que garantice condiciones adecuadas para el parto. Su abogado, Felipe Alzate, expresó preocupación por la posibilidad de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervenga y separe al recién nacido de su madre si el parto ocurre sin las condiciones necesarias.
Valdés también denunció intentos de aborto forzado y amenazas por parte del personal penitenciario. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han sido notificadas del caso, pero hasta el momento no se ha materializado ninguna acción concreta para garantizar su seguridad y la del bebé.