En el marco del Foro Jurisdicción Agraria: Desafíos de la Reforma Rural y su Factibilidad de Implementación, realizado el jueves en Montería, se llevaron a cabo dos paneles de discusión en los cuales se abordaron diversos aspectos del ordenamiento jurídico en el campo colombiano.
Entre los panelistas invitados se encontraron la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro; la magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, Hilda González; la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Isamary Marrugo Díaz, y el Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. También participaron los senadores Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador) y Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal).
El Foro se centró en los desafíos y retos que enfrenta el país con la implementación de la nueva jurisdicción agraria, a partir de un proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que regula algunos aspectos de esta normatividad.
Varios invitados al Foro destacaron que Colombia está a punto de vivir una verdadera revolución en cuanto a los derechos agrarios y la propiedad de la tierra, gracias a esta figura legal que se ha venido desarrollando. Algunos sectores esperan que, en un futuro cercano, se logre su aplicación efectiva.
El Senador por el Partido Conservador Marcos Daniel Pineda afirmó que la jurisdicción agraria “es un testimonio de que cuando hay consenso se pueden lograr grandes reformas en el país”.
El congresista explicó que el trabajo articulado entre las diferentes bancadas de los partidos políticos en el Congreso ha sido clave para aprobar un texto que, a su juicio, genera “confianza”.
Para el Senador Pineda, la reforma no solo representa un avance en la justicia que necesita Colombia, sino también una oportunidad para acercar la justicia a los millones de colombianos que habitan en las zonas rurales del país.
Alejandro Carlos Chacón, senador por el Partido Liberal, afirmó que hasta hace algún tiempo “no se entendía” que la jurisdicción agraria debía ser algo autónoma e independiente, como la penal o la civil.
“Estas normas se mejoraron en un sentido: pretendieron traer al Congreso que solo los actos administrativos fueran los que tomaran una decisión, sin que tuviera que pasar por los jueces, como se hacen los actos de expropiación administrativa hoy”, afirmó Chacón, quien agregó que el Legislativo “exigió” que “cualquier controversia que existiera inmediatamente” tuviera “control” por parte de los jueces.
La Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, subrayó la importancia de la ley ordinaria para viabilizar los derechos ya adquiridos en el marco de las demás normas que se han creado alrededor de la jurisdicción agraria. “Si no viabilizamos el camino procesal, no tenemos posibilidad de materializar el derecho que tienen las comunidades rurales y agrarias frente a estos principios”, señaló Buitrago.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, también manifestó su preocupación respecto a los retos logísticos de la jurisdicción agraria. “La itinerancia de los jueces es un desafío. Lograr llegar con jueces itinerantes a todos los rincones del país requiere una estructura especial para que eso funcione de manera efectiva”, señaló Tejeiro.
Por su parte, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, expresó su preocupación sobre ciertos aspectos de la reforma, en especial en lo relacionado con la extinción de dominio por afectaciones ambientales.
“A mí me parece que evidentemente no van a solucionar toda la conflictividad. Por ejemplo, me preocupa mucho el tema no de la ‘expropiación exprés’, porque toda expropiación tiene como consecuencia una indemnización, sino la extinción de dominio por afectaciones ambientales”, señaló Lafaurie.