El municipio de Juradó, en el noroeste del departamento de Chocó, se ha convertido en uno de los puntos más importantes para el tráfico de migrantes entre Colombia y Panamá, una situación que ha sido ignorada por las autoridades y que ha generado un lucrativo negocio para grupos armados ilegales. A pesar de su importancia estratégica y la creciente presión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la zona sigue abandonada, sin intervención estatal adecuada.
Juradó, con una población aislada y acceso limitado por tierra y mar, comparte frontera con Panamá a solo 19 kilómetros al norte de su casco urbano. La falta de infraestructura y la pobreza generalizada han favorecido el avance del crimen organizado, que controla tanto las economías legales como ilegales de la región. En este contexto, el tráfico de migrantes se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos, con estimaciones que indican que este negocio genera entre 1.8 y 2.2 millones de dólares al año.
A pesar de que las autoridades panameñas ya habían reportado el aumento de migrantes transitando por esta ruta en 2021, superando las 900 personas en noviembre de ese año, la situación empeoró en 2023, cuando más de 1.500 migrantes continuaron su camino hacia Centro y Norteamérica por esta ruta olvidada. Los residentes de la zona, afectados por la violencia de los grupos armados y la falta de presencia del Estado, describen un lugar marcado por la indiferencia del gobierno, que no ha logrado garantizar la seguridad ni los derechos de la población civil desde los años 90.
El control de las AGC sobre el municipio ha desbordado el tráfico de migrantes, imponiendo normas severas y cobrando "impuestos" a los migrantes que atraviesan la región. Cada persona que toma esta ruta debe pagar entre 1.200 y 1.500 dólares por el trayecto, que incluye peligrosas travesías en lanchas rápidas desde la ciudad portuaria de Buenaventura hasta las costas de Juradó y Bahía Solano. Sin embargo, las condiciones en esta ruta son extremadamente riesgosas, con migrantes que han sido abandonados, retenidos o incluso fallecidos en el mar durante el trayecto.
El abandono de la región, sumado a la falta de inversión social y el control de los grupos armados, ha creado un escenario de creciente desesperación para las comunidades locales. Mientras tanto, el gobierno nacional sigue sin proporcionar la atención necesaria, dejando a los habitantes de Juradó atrapados en un ciclo de violencia y pobreza.
En resumen, la frontera pacífica del Darién sigue siendo una de las más olvidadas por el Estado colombiano, a pesar de su creciente relevancia en el tráfico de migrantes. La falta de intervención y de inversiones en la región perpetúa un ciclo de violencia, empobrecimiento y descontrol que afecta tanto a la población local como a los migrantes que se ven forzados a transitar por este peligroso corredor.