En una audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz, celebrada el 10 de abril, se dieron a conocer cifras alarmantes sobre el incumplimiento de las órdenes destinadas a garantizar la vida y la integridad de los excombatientes y víctimas del conflicto armado.
La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 456 excombatientes de las Farc han sido asesinados en 158 municipios de Colombia. De estos, el 98% eran firmantes del acuerdo y el 94% estaban en calidad de comparecientes ante la JEP. Estas estadísticas destacan el creciente riesgo al que están expuestos los excombatientes, a pesar de los esfuerzos del gobierno por protegerlos.
A lo largo de la audiencia, se discutieron las medidas de protección implementadas por el Estado, así como la falta de cumplimiento por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los firmantes de paz. La JEP insistió en la necesidad urgente de una mayor acción por parte de las instituciones encargadas de brindar garantías de seguridad para aquellos que decidieron dejar las armas y apostar por la construcción de una paz duradera en Colombia.
En paralelo, la JEP ha dado un plazo a los exintegrantes del Secretariado de las Farc para que reconozcan los crímenes cometidos contra menores de edad durante el conflicto. Esta medida busca avanzar en la reparación de las víctimas y en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz, mientras se siguen presentando desafíos en el proceso de reintegración y reconciliación.