Continúa controversia entre Paloma Valencia y María Fernanda Carrascal sobre la situación económica en Colombia

La senadora Valencia criticó severamente las medidas económicas del Gobierno, afirmando que "es claro el propósito del gobierno Petro de destruir el sistema de salud: el aumento de la UPC (lo que se paga por cada colombiano) es del 5,56%, mientras que el salario mínimo sube un 9,54%. Serán responsables del daño a la salud y la muerte de muchos colombianos". Además, la senadora señaló las "malas decisiones" del presidente Petro en cuanto a las políticas económicas y afirmó que estos errores afectarán al país de manera grave.

Valencia también cuestionó la expansión de la burocracia, señalando que el gobierno había creado "9,5 billones adicionales en burocracia" y más de 12.000 nuevos cargos, pidiendo una reducción en estos gastos. En su crítica, instó al presidente a ajustar el gasto en cargos públicos en lugar de recortar subsidios a los colombianos más vulnerables. Un ejemplo de ello sería el retiro del subsidio para el gas propano, un servicio esencial para muchos colombianos.

Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal respondió con firmeza, defendiendo las políticas del Gobierno. "¡Colombia va bien! El Gobierno del Cambio sigue cosechando logros y mejorando la vida de los colombianos", afirmó Carrascal, destacando que los avances mostrados por el presidente Petro son evidentes. En cuanto a las críticas sobre el aumento de la UPC, la representante señaló que las EPS han manejado grandes sumas de dinero sin que se refleje una mejora en el sistema, añadiendo que "nunca les ha alcanzado y nunca les alcanzará".

La congresista también hizo hincapié en la contradicción de quienes criticaban el aumento del salario mínimo y, al mismo tiempo, se oponen al ajuste de la UPC para las EPS, sugiriendo que sus intereses están más enfocados en la protección de estas entidades que en el bienestar de los trabajadores.

Desde el Congreso de la República, diferentes bancadas han insistido en la necesidad de ajustar el gasto público para mejorar la inversión y destinar recursos a áreas sociales clave. Este enfrentamiento refleja las diferencias políticas y económicas que siguen marcando la agenda nacional.