La Universidad de Antioquia enfrenta una crisis financiera que amenaza su estabilidad, y en respuesta, su Consejo Académico ha respaldado el llamado de los estudiantes al Gobierno Nacional y Departamental para abordar la grave situación. En gran parte, esta crisis se debe a las condiciones impuestas por la Ley 30 de 1992, que fijó un esquema de financiamiento que no ha sido ajustado a la inflación, lo que ha resultado en una reducción significativa de los aportes del Gobierno Nacional a las universidades públicas.
El Consejo Académico de la universidad señaló que, en la actualidad, la institución se ve obligada a gestionar más del 50% de los recursos que necesita para operar cada año. En este contexto, se destaca que la universidad enfrenta un déficit de 138.000 millones de pesos para el cierre de 2024, lo que coloca a la institución al borde de sus capacidades operativas. Esta situación no es exclusiva de la UdeA, ya que otras universidades públicas de Colombia atraviesan una situación similar, producto de las condiciones que la Ley 30 impuso hace más de tres décadas.
"Esta es una realidad compartida por otras instituciones de educación superior pública, debido, entre otras causas, a las condiciones establecidas por la Ley 30 de 1992", explicó el Consejo Académico. La universidad, que atiende a cerca de 40.000 estudiantes de pregrado, ha sido una de las principales fuentes de educación superior en el departamento de Antioquia.
En este contexto, la Universidad de Antioquia ha hecho un llamado urgente para que se realicen reformas normativas que garanticen una financiación sostenible y adecuada para la educación superior pública en Colombia, un aspecto fundamental para la calidad de la enseñanza y el acceso a la educación en el país.