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Defensa de Gustavo Petro rechaza cargos del CNE por supuesta violación de topes electorales

Defensa de Gustavo Petro rechaza cargos del CNE por supuesta violación de topes electorales

Colombia martes 03 de diciembre de 2024 - 10:08

La defensa del presidente Gustavo Petro anunció que no responderá a los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionados con presuntas violaciones a los topes de financiación de su campaña presidencial en 2022. Según el abogado Héctor Carvajal, esta decisión se fundamenta en la supuesta violación de derechos fundamentales del mandatario, como el debido proceso, el juez natural y el fuero constitucional especial.

Carvajal sostiene que, de acuerdo con la Constitución, solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene competencia para investigar al presidente. Además, argumentó que la jurisdicción del CNE para atender estas denuncias expira 30 días después de la elección, citando precedentes de la Corte Constitucional. A pesar de esto, el CNE defiende su facultad de auditar gastos de campaña en cualquier momento, según la Ley Estatutaria 996 de 2005.

Entre las irregularidades señaladas en la investigación del CNE se encuentran supuestos excesos en los topes de gastos por 3.700 millones de pesos durante la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda. También se mencionan reportes incompletos de aportes económicos y gastos como el alquiler del Movistar Arena en Bogotá, entre otros.

La controversia legal incluye la figura de Xavier Vendrell, político catalán vinculado a la estrategia de campaña de Petro, y la supuesta falta de reportes sobre sus actividades. Si se confirman las violaciones, las sanciones podrían incluir multas y devolución de recursos, aunque una eventual destitución solo podría ser decidida por el Congreso.

La defensa reiteró que Petro acatará cualquier decisión emitida por un órgano con competencia legal y constitucional, mientras que el CNE continúa con la investigación para determinar si se cometieron infracciones. Este caso pone en debate el alcance del fuero presidencial frente a sanciones administrativas.

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JA/CR

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