Ante la nueva ola de violencia en el departamento del Cauca, el Gobierno Nacional anunció el despliegue de más unidades de la Fuerza Pública en la vía Panamericana, como respuesta a una serie de atentados registrados en las últimas horas.
Los hechos comenzaron el 16 de abril con la explosión de un artefacto improvisado en el barrio Morales Duque de Santander de Quilichao. El estallido, que ocurrió en horas de la mañana, provocó la muerte de un trabajador y heridas a otro, ambos vinculados a la Compañía Energética de Occidente (CEO). Más tarde, durante labores de verificación realizadas por el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 13, una segunda carga explosiva, activada de manera remota, dejó a un suboficial herido.
El 17 de abril, un nuevo ataque con explosivos se presentó en Mondomo, corregimiento ubicado en la vía Panamericana. El blanco fue una estación de policía, donde el atentado dejó un saldo de al menos una persona fallecida y varios heridos. Aunque el ataque no ha sido oficialmente reivindicado, las autoridades señalan al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc como presunto responsable.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó los atentados como "inadmisibles" y solicitó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes. En línea con este llamado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó lo ocurrido y afirmó que estos actos confirman el "carácter terrorista y narcotraficante de estas disidencias".
En respuesta, el Ejecutivo confirmó el aumento del pie de fuerza en los cuatro tramos estratégicos de la vía Panamericana, con el objetivo de garantizar la movilidad y seguridad en este corredor vial clave para la región. También se mantuvo la recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de los ataques.
Entre otras acciones, el Gobierno anunció que fortalecerá el trabajo conjunto entre instituciones del Estado para enfrentar el crimen organizado, al tiempo que se intensificarán las labores de inteligencia y se impulsarán proyectos de vigilancia, como la instalación de cámaras de seguridad, con el apoyo del Ministerio del Interior y el FONSECON.
Estas decisiones buscan restablecer el orden en una zona históricamente golpeada por el accionar de grupos armados ilegales y brindar mayor protección a la población civil. Desde el Ejecutivo se reiteró el compromiso de acompañar a los caucanos en medio de esta crisis, y no dejar sola a la región ante la amenaza de la violencia.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el deterioro de la seguridad en el Cauca, haciendo un llamado al respeto por el derecho internacional humanitario y a la protección de la vida.
El suroccidente colombiano, que comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, sigue enfrentando una compleja situación de conflicto armado. A pesar de los esfuerzos derivados del Acuerdo de Paz de 2016, la presencia activa de disidencias de las Farc, el ELN y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico continúa generando graves afectaciones a las comunidades locales. La reciente ofensiva en Mondomo es un ejemplo más de la persistente violencia que azota esta región del país.