Indígena reclutado por disidencias de las FARC se entrega al Ejército en el Guaviare

Durante el desarrollo de una operación militar en el sector del río Apaporis, en el departamento del Guaviare, un hombre perteneciente a una comunidad indígena se entregó voluntariamente a unidades del Ejército Nacional. El sujeto, que permanecía vinculado a un grupo armado ilegal, aprovechó la presencia de las tropas para abandonar definitivamente sus actividades dentro de dicha estructura.

Según información de las autoridades, el hombre había sido reclutado de forma forzada en el corregimiento de La Pedrera, en el departamento del Amazonas, por miembros del bloque Amazonas, perteneciente a las disidencias de las FARC. Durante su permanencia en la organización, operó bajo el alias de “Rodrigo Cadete” y cumplió múltiples funciones asignadas por sus superiores, incluyendo su integración al esquema de seguridad de alias Iván Mordisco, uno de los principales líderes de esa disidencia.

Tras ser vinculado al grupo, fue desplazado a diferentes zonas de influencia armada. En una reunión celebrada en los llanos del Yarí, se ordenó su traslado a la estructura primera Armando Ríos, una facción con amplio historial de confrontaciones tanto con otros grupos armados ilegales como con la Fuerza Pública. Según relató el hombre, durante ese periodo participó en enfrentamientos de gran intensidad, lo cual, junto con amenazas y maltratos por parte de sus mandos, lo llevó a tomar la decisión de escapar.

Luego de entregarse a las autoridades en el área del río Apaporis, se activaron los protocolos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, perteneciente al Ministerio de Defensa. Esta entidad tiene como misión proteger a quienes deciden abandonar voluntariamente los grupos armados ilegales y acompañarlos en su proceso de sometimiento a la justicia.

El hombre inició así un proceso de reintegración social que contempla medidas de protección y asistencia integral. Estas acciones buscan no solo garantizar su seguridad, sino también promover la desmovilización como una vía para debilitar a las estructuras armadas al margen de la ley.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la grave problemática del reclutamiento forzado en zonas como el Amazonas y el Guaviare, donde las disidencias de las FARC continúan ejerciendo control en varios territorios, especialmente sobre comunidades indígenas y rurales. Estas poblaciones, en situación de vulnerabilidad, suelen ser blanco de amenazas y coerción por parte de estos grupos armados.

El reclutamiento forzado de menores y adultos jóvenes en Colombia constituye una seria violación a los derechos humanos y refleja la persistencia del conflicto armado en el país. En 2024, la Defensoría del Pueblo reportó un total de 409 casos de menores reclutados por grupos ilegales, un aumento frente a los 342 registrados el año anterior. El departamento del Cauca lideró la estadística con 300 casos, seguido por Putumayo, Valle del Cauca, Huila, Arauca y Nariño.

Este fenómeno afecta de manera especial a comunidades indígenas y afrocolombianas, que representan el 51% y el 8% de las víctimas respectivamente. La mayoría de los reclutamientos fueron atribuidos a las disidencias de las FARC, particularmente al Estado Mayor Central, responsables del 73% de los casos, seguidos por grupos no identificados (20%) y el ELN (7%). A esto se suma un alto subregistro, ya que muchas familias, por miedo a represalias, prefieren no denunciar.