Los alcaldes y gobernadores emergen como un contrapeso al gobierno de Petro

Gustavo Petro firmó ante los 32 gobernadores de Colombia una de sus reformas más significativas: el cambio a la Constitución para asignar más recursos a las regiones. Sin embargo, el anuncio fue opacado por la noticia de su designación del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. A pesar de ello, la reforma, pensada para beneficiar a los departamentos, fue recibida con múltiples cuestionamientos por parte de los gobernadores. El encuentro, realizado en Villa de Leyva (Boyacá), evidenció un profundo malestar entre los mandatarios regionales, quienes expresaron su inconformidad con las políticas del Gobierno.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente del gremio de los gobernadores, resumió la sensación generalizada al afirmar que "hay un profundo inconformismo en todos los gobernadores de Colombia". Durante la reunión, Amaya también exigió la pronta transferencia de recursos para el programa de alimentación escolar (PAE), argumentando que "uno con hambre no piensa bien, presidente". Esta fue solo una de varias demandas que se centraron en la situación de seguridad, la falta de avances en infraestructura y la percepción de escasa inversión nacional.

En particular, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, criticó la lentitud administrativa de los ministerios, que, según ella, obstaculizan el acceso de los departamentos a los fondos necesarios para ejecutar sus proyectos. Córdoba también cuestionó el avance de los "pactos territoriales", una de las iniciativas de Petro para definir prioridades regionales, que, a su juicio, aún no han sido implementados de manera efectiva.

A estos reclamos se sumaron voces de oposición más directa, como las de William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien destacó el "inconformismo" en su región debido a la creciente inseguridad en el Catatumbo, y Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, quien planteó preguntas directas sobre los proyectos represados y el precio del arroz, sector clave en su departamento.

La relación entre el presidente y los gobernadores, muchos de los cuales han mostrado su cercanía con el Gobierno, se ha visto tensa por estas demandas y los escasos avances en la resolución de los problemas locales. Esta situación se extiende a los alcaldes de las principales ciudades, como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien ha sido un crítico constante de Petro desde su fallida candidatura presidencial de 2022. Sin embargo, uno de los contrapesos más notables a Petro proviene de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá y político centrista, cuya relación con el presidente ha sido especialmente conflictiva, sobre todo en el tema del metro de la capital.

Apenas horas después de la reunión de Villa de Leiva, Petro y Galán tuvieron un cruce público sobre el proyecto del metro de Bogotá, uno de los temas más polémicos de la gestión del presidente. Petro, quien siempre defendió un metro soterrado como alcalde, sigue cuestionando la decisión de su sucesor, Enrique Peñalosa, de optar por un metro elevado. Galán respondió al presidente diciendo que "el metro que no le sirvió a Bogotá fue el que no existió por más de 80 años", haciendo alusión a la falta de avances previos.

La confrontación entre los mandatarios locales y el presidente no es un fenómeno nuevo, pues las diferencias entre el Gobierno central y las autoridades regionales han sido recurrentes desde la instauración de la elección popular de alcaldes hace más de 30 años. Sin embargo, lo que resulta novedoso en este contexto es la creciente coalición de alcaldes y gobernadores de diversos sectores políticos que, más allá de sus diferencias ideológicas, se están uniendo para cuestionar y desafiar las políticas del Gobierno nacional.

Este cortocircuito entre las autoridades locales y el Gobierno central podría tener repercusiones para todos los involucrados, dado que ambos niveles de poder dependen mutuamente para abordar los problemas que afectan a los ciudadanos. Si la distancia y los reclamos siguen en aumento, se podría generar un escenario complicado para la administración de Petro y para las soluciones a las demandas de la población.