La aparición sin vida de Francisco Luis Correa, señalado como uno de los principales implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ha generado fuertes críticas hacia las medidas de seguridad implementadas por las autoridades. El hecho ocurrió en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, uno de los penales más importantes de Colombia.
El abogado Francisco Bernate, representante legal de la familia de Pecci, cuestionó directamente a la *Unidad Nacional de Protección (UNP)*. Según Bernate, la UNP ignoró las alertas sobre los riesgos que enfrentaban tanto víctimas como testigos y apoderados involucrados en este caso de alto perfil.
“Hace menos de un mes informé a la Unidad de Protección sobre el peligro que corríamos víctimas, testigos y apoderados en este caso, e hicieron caso omiso. Esperamos que el Estado colombiano avance en la investigación de estos hechos, y ojalá la Unidad de Protección no siga haciendo caso omiso”, declaró Bernate.
El fallecimiento de Correa no solo deja en entredicho la capacidad de las autoridades para proteger a sindicados clave en procesos judiciales sensibles, sino que también pone en riesgo la continuidad de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Marcelo Pecci, un crimen que conmocionó a Paraguay y a toda América Latina.
Diversas organizaciones han solicitado una investigación exhaustiva para determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades penitenciarias y de la UNP. Además, piden que se implementen protocolos más estrictos para garantizar la seguridad de personas bajo custodia que tienen información clave para procesos judiciales.
Este hecho, sumado a otros episodios de inseguridad en penales colombianos, reaviva el debate sobre la protección de sindicados en casos de alta relevancia y sobre la transparencia en el manejo de los sistemas de seguridad penitenciaria en el país.