Presidente Petro enfrenta rechazo de alcaldes al decretar día cívico para marchas de reformas

Alcaldes de principales ciudades de Colombia se oponen a la medida, generando tensiones políticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decretado el martes 18 de marzo como día cívico para facilitar la participación ciudadana en las movilizaciones convocadas en apoyo a las reformas de salud y laborales propuestas por su gobierno.

Sin embargo, esta iniciativa ha sido rechazada por los alcaldes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Villavicencio. Por ejemplo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha afirmado que los servicios públicos se prestarán con normalidad y que los estudiantes de colegios públicos tendrán clases presenciales y alimentación escolar.

Este desacuerdo ha generado tensiones políticas, con el presidente Petro criticando a los alcaldes que no apoyan la medida. A través de redes sociales, ha calificado a algunos de ellos como insensibles y ha denunciado su falta de apoyo a políticas que considera vitales para el país.

Además, expertos en derecho laboral han señalado que la declaratoria de día cívico aplica principalmente a funcionarios públicos, y que las empresas privadas no están obligadas a acatarla, pudiendo mantener sus servicios de manera habitual. La participación en las marchas no debería implicar represalias laborales, aunque la ausencia sin justificación podría llevar a sanciones, incluyendo descuentos salariales o despido en casos recurrentes o graves, siempre respetando el debido proceso.

Este conflicto refleja un enfrentamiento más amplio entre el presidente y algunas autoridades locales, quienes no se consideran obligadas a seguir las directrices del gobierno central. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la autonomía de las entidades territoriales en Colombia.