Procuraduría abre investigación contra exalcalde de Purificación, Tolima, por presuntas irregularidades en el PAE

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios de la Alcaldía de Purificación, Tolima, debido a presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el año 2022.

Entre los investigados se encuentran el exalcalde Cristhian Andrés Barragán Correa y los exsecretarios de Educación del municipio, Óscar Eduardo Tafur Villarreal y Deisy Leticia Ospina Devia. La investigación se centra en su posible responsabilidad en la falta de utilización de los fondos destinados al PAE, lo que afectó directamente a los estudiantes beneficiarios del programa.

La denuncia surgió a partir de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría, en la cual se identificaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) destinados al PAE. Según el informe, el municipio dejó de utilizar un total de \$406.149.165, lo que impactó a 1.579 niños que eran parte del programa.

El órgano de control señaló que esta situación fue producto de la falta de gestión para coordinar el uso adecuado de los recursos y de la escasa articulación con la Gobernación del Tolima, lo que ocasionó la interrupción del programa desde septiembre de 2022, afectando a la población estudiantil.

La investigación busca esclarecer las razones detrás de la no ejecución de los recursos asignados y la falta de medidas para evitar la suspensión del programa. Además, se evaluará si las acciones u omisiones de los exfuncionarios constituyen faltas disciplinarias, y de ser así, se procederá con las sanciones correspondientes.

El proceso investigativo también examinará si los exfuncionarios incumplieron sus responsabilidades legales y administrativas, al no asegurar el uso eficiente de los fondos públicos destinados al PAE. Asimismo, se analizará si hubo negligencia en la implementación de estrategias para coordinar con la Gobernación del Tolima y asegurar la continuidad del programa.

En paralelo, la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) y el Ministerio de Educación han formalizado la institucionalización del PAE como una política de Estado. Esta iniciativa busca garantizar la sostenibilidad del programa a largo plazo y blindarlo frente a cambios políticos, consolidándolo como un derecho esencial para los niños y jóvenes del país.

Sebastián Rivera, director de la UApA, destacó que este cambio representa un logro histórico, ya que por primera vez en seis décadas, la alimentación escolar es reconocida como una política pública formal. Esta medida se estructura en cinco pilares clave: declarar la alimentación escolar como un derecho esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, crear mecanismos de financiamiento a largo plazo, mejorar la calidad nutricional de los alimentos, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y establecer sistemas de monitoreo y evaluación para garantizar la transparencia y eficiencia del programa.

Esta política también responde a los desafíos estructurales de seguridad alimentaria en el país y se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Para su construcción, se habilitaron espacios de consulta pública a través de un formulario en línea disponible en la página web oficial de la entidad.