Condenan a 12 años de cárcel al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por corrupción en contratación pública

La Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años de prisión al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su responsabilidad en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. La sentencia se basa en las anomalías detectadas en la adjudicación de contratos públicos durante su administración entre 2012 y 2015, especialmente relacionados con el sector educativo.

El proceso se originó a partir de un informe de operación sospechosa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el cual reveló depósitos por más de $1.300 millones en cuentas del exmandatario, realizados por personas vinculadas a contratistas de su gobierno. Esta alerta llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación que puso en evidencia graves irregularidades.

Entre los contratos cuestionados están los números 362 de 2012 y 497 de 2013, ambos firmados con el contratista Óscar Evelio Durán Rodríguez. Estos acuerdos tenían como propósito dotar de mobiliario y material escolar a las instituciones educativas del departamento. Sin embargo, las investigaciones revelaron que se usaron cotizaciones falsas, se impusieron requisitos que limitaban la libre competencia y se presentaron sobrecostos significativos.

Según la Corte Suprema, Castillo estructuró las licitaciones de forma que impidiera la pluralidad de oferentes, como ocurrió en el contrato 362, en el que se agruparon tres proyectos en uno solo. Además, se detectó que los valores estipulados para la adquisición de bienes estaban muy por encima de los precios reales del mercado.

El fallo también detalla que los consorcios contratistas recibieron más recursos de los que correspondían a lo efectivamente entregado, lo que permitió al exgobernador apropiarse de fondos públicos de manera indirecta. Por ello, fue hallado culpable de apropiación de dineros del Estado a través de terceros.

La Corte concluyó que Castillo utilizó su poder como gobernador para beneficiar intereses particulares y personales, en detrimento del patrimonio público. La sentencia contempla la pena de 12 años de prisión y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo.