El consumo de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado ha aumentado en Colombia, lo que ha generado propuestas de políticas fiscales con el fin de reducir su uso. En este contexto, el Gobierno y diversos sectores buscan aumentar los impuestos sobre estos productos, un movimiento que, según expertos, podría tener efectos tanto positivos como negativos en la salud pública y en la economía.
Actualmente, en el Congreso de la República circulan dos proyectos de ley clave que buscan gravar de manera más severa el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores. El Proyecto de Ley 308 de 2023, propuesto por el representante Armando Zabaraín, establece un impuesto de 300 pesos por cada gramo de tabaco calentado y 300 pesos por mililitro de solución líquida de cigarrillos electrónicos, además de un 10% adicional sobre el precio de venta al público. Por otro lado, el Proyecto de Ley 228 de 2024, liderado por la representante Carolina Giraldo, propone un impuesto más alto de 11.175 pesos por cajetilla de cigarrillos y 2.000 pesos por mililitro de líquido para vapeadores, además de un gravamen del 30% sobre el precio de venta al público.
Los expertos en salud y economía, como Martín Jaramillo de la Universidad Javeriana, han señalado que el proyecto de Zabaraín adopta un enfoque más equilibrado, siguiendo las mejores prácticas internacionales y buscando un impacto directo sobre la reducción del consumo. Jaramillo resalta que esta propuesta se alinea mejor con los intereses fiscales y de salud pública del país. Por su parte, algunos analistas advierten que el proyecto de Giraldo, con impuestos mucho más altos, podría tener efectos contraproducentes, como el aumento del mercado negro de estos productos y la introducción de productos de baja calidad.
Según un informe de Fedesarrollo, que analiza las políticas fiscales de 28 países miembros de la OCDE, la mayoría de los países aplican impuestos más bajos a los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos en comparación con los cigarrillos tradicionales. Este enfoque busca incentivar el uso de alternativas menos nocivas sin generar un impacto económico negativo, como el aumento del contrabando.
El aumento del contrabando de cigarrillos, que ha alcanzado un 35% en Colombia, es una de las principales preocupaciones relacionadas con la implementación de impuestos más altos. Este fenómeno ha tenido un impacto negativo en las finanzas territoriales, lo que refuerza la necesidad de una regulación más adecuada y proporcional.
En resumen, mientras que las propuestas de gravar más los productos de tabaco electrónico y los cigarrillos electrónicos son bien intencionadas, los expertos sugieren que deben ser cuidadosamente evaluadas para evitar efectos adversos, como la expansión del mercado negro y la venta de productos de menor calidad, lo que podría comprometer los objetivos de salud pública y fiscalización.