La Defensora del Pueblo critica la designación de 18 exlíderes paramilitares como gestores de paz en Colombia

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó este viernes su preocupación por la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de nombrar a 18 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Marín afirmó que “ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz”.

Entre los nombrados por el mandatario se encuentran algunos de los responsables más notorios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señalados por crímenes de lesa humanidad. Esta medida ha generado un amplio debate en el país. La lista incluye a figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez y Hernán Giraldo Serna, este último conocido por ser uno de los principales responsables de violaciones sistemáticas a mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Defensoría del Pueblo recordó que varios de los nuevos “gestores de paz” son responsables directos de crímenes cometidos por el paramilitarismo, incluyendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, delitos condenados tanto en Colombia como a nivel internacional.

Marín comentó que, aunque “parece positivo” que estos exjefes paramilitares colaboren en la finalización de los conflictos armados pendientes en Colombia, ya que “tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad”, la decisión del Gobierno genera dudas.

“¿Por qué confiar ahora en que contribuirán a la paz si en el pasado no lo hicieron? ¿Por qué designar como ‘gestores de paz’ a quienes fueron los principales gestores de guerra y que hoy se encuentran en prisión tras reincidir? ¿Qué mensaje estamos enviando a quienes siguen cometiendo delitos tan graves como los que ellos cometieron en su momento?”, se cuestionó la Defensora.

Marín subrayó que es crucial considerar tres aspectos para evitar que estos nuevos cargos sean utilizados para posibles reincidencias.

El primero de ellos es la “prevalencia de la justicia”, al recordar que las garantías de no repetición del conflicto armado deben reflejarse en el cumplimiento de las penas por las que estos exjefes paramilitares están encarcelados.

“Es fundamental que una decisión del Gobierno no anule lo que la justicia ha logrado”, aseveró Marín.

Asimismo, consideró necesario que los gestores de paz desarrollen un plan de trabajo claro y público, para ser supervisado y así evitar cualquier desviación de sus responsabilidades.

Añadió que los nuevos gestores deben “reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones donde no se les coloque simbólicamente como ‘ayudantes’, sino como responsables que se encuentran bajo estricta supervisión judicial”.

“Si queremos que aquellos que cometen crímenes hoy dejen de delinquir por medio de los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les brindamos la oportunidad de paz en el pasado. Es un deber con las víctimas del pasado y las de hoy”, concluyó la Defensora, Iris Marín Ortiz.