El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha expresado su profunda preocupación tras la emisión del Decreto 0069 el 24 de enero de 2025 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establece un recorte del 56,75% en el presupuesto asignado a la entidad para este año. Esta reducción afecta directamente los recursos destinados a la organización de las elecciones atípicas de 2025 y las preparaciones para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
El presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, ha señalado que este recorte presupuestal pone en riesgo la capacidad del organismo para garantizar procesos electorales transparentes y eficientes. Prada enfatizó que, sin los recursos necesarios, el CNE no podría declarar los resultados de las elecciones de 2026, lo que representaría una amenaza significativa para la democracia colombiana.
En contraste, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que "el presupuesto de las elecciones está en la Registraduría y no fue aplazado". Asimismo, aseguró que no hubo aplazamientos en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. Estas declaraciones buscan tranquilizar a la opinión pública respecto a la financiación de los procesos electorales.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), indicó que todos los presupuestos logísticos para las elecciones de 2026 se encuentran en la Registraduría y, según el Gobierno Nacional, están garantizados. Barrios explicó que es común realizar recortes cuando existen presupuestos duplicados y pidió al CNE que especifique en qué áreas se ve afectado para tener claridad sobre las necesidades reales.
Este recorte presupuestal también ha generado inquietudes en otras entidades electorales. La Registraduría Nacional del Estado Civil experimentó una reducción del 77,4% en su presupuesto, pasando de $3,24 billones en el proyecto inicial a $732.220 millones en la ponencia final, lo que representa una disminución de $2,51 billones. Esta situación podría afectar la preparación y ejecución de los procesos electorales venideros.
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de la democracia en Colombia observan con atención esta situación, ya que la adecuada financiación de los organismos electorales es esencial para garantizar elecciones libres, transparentes y equitativas. Se espera que el Gobierno y las entidades involucradas lleguen a un acuerdo que asegure los recursos necesarios para el correcto desarrollo de los próximos comicios.