La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que se encuentran bajo investigación 134 cédulas de ciudadanía que habrían sido expedidas utilizando registros civiles sin número de identificación asignado. Este hallazgo se dio tras un análisis técnico del Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial (GADIA) junto con la Dirección Nacional de Registro Civil, que permitió identificar patrones irregulares mediante un modelo de control documental y de identidad.
Las cédulas en cuestión están vinculadas a registros civiles de nacimiento inscritos entre 1980 y 1999, los cuales no tenían asignado un número de identificación, lo que contraviene la normativa vigente sobre la asignación única e irrepetible de identificación en el país. La irregularidad fue detectada como parte de un plan de verificación sistemática implementado por la Registraduría en todas las regiones.
Además de estas 134 cédulas, se identificaron 1.630 registros civiles de ciudadanos nacidos en ese mismo periodo que no han tramitado tarjeta de identidad ni cédula, lo que genera una nueva alerta para las autoridades. Estas omisiones podrían estar relacionadas con casos de suplantación, fraudes documentales o falta de inscripción adecuada en el sistema de identificación nacional.
La Registraduría informó que estos casos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación y a Migración Colombia para que se adelanten las investigaciones judiciales y administrativas correspondientes. El registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que el objetivo de esta estrategia es "cerrar brechas en el sistema de identificación, depurar el censo electoral y evitar que personas sin identidad regularizada accedan a beneficios del Estado".
Como parte del fortalecimiento de los mecanismos de control, la entidad ha comenzado a emitir alertas semanales con base en los hallazgos del modelo de inteligencia artificial, lo que permitirá focalizar inspecciones en registradurías específicas. Además, se coordinará con la Policía Nacional la implementación de mecanismos de validación biométrica facial y revisión de antecedentes judiciales como parte de una nueva estrategia de seguridad preelectoral.